Foto sobre las protestas contra Crimenes de EstadoPublicada en http://www.quiendebeaquien.org/
A continuación presentamos la carta de retiro del Proyecto de Ley 157 o Estatuto de Victimas que presentaron los Congresistas Álvaro Asthon Giraldo, Camilo Sánchez Ortega, Carlos Julio González, Cecilia López Montaño, Germán Aguirre, Griselda Restrepo, Héctor Rojas, Hugo Serrano Gómez, Jesús García Valencia, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Yolanda Pinto de Gaviria, Luis Fernando Duque, Luis Fernando Velazco, Mario Salomón Nader, Mauricio Jaramillo, Piedad Córdoba y Víctor Barco a la Cámara de Representantes, como una decisión política importante para las Victimas del conflicto armado de este país. A continuacion la carta:
Honorable Cámara de Representante
At. Germán Varón
Presidente
Honorables Representantes:
Con gran tristeza y decepción, nos dirigimos a ustedes para solicitar el retiro del proyecto de Ley 044 de 2008 Cámara - 157 de 2007 Senado “por el cual se dictan medidas para las víctimas de la violencia”. En la votación de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, esta iniciativa perdió el espíritu que caracterizó su trámite en Senado.
Como Ustedes saben, el proyecto de Ley había obtenido el apoyo de la mayoría de los senadores provenientes de todas las fuerzas políticas. Su adopción en Senado fue resultado de un diálogo entre el Gobierno, los autores y todas las bancadas, que culminó en un texto concertado. Los puntos álgidos del debate fueron resueltos entonces y sólo quedaban pendientes de discusión con el Gobierno los temas referentes a la restitución de patrimonio y a los procedimientos de restitución de las tierras, para ser complementados y enriquecidos.
Pero grande fue nuestra sorpresa cuando observamos que, durante el trámite en la Cámara, el Gobierno dio marcha atrás sobre los acuerdos logrados en el Senado, excluyó principios esenciales del proyecto de Ley y colocó colores partidistas a una iniciativa que el Partido Liberal se preocupó por mantener al margen de polarizaciones políticas e ideológicas de la coyuntura. El proyecto aprobado, carece del consenso requerido para una iniciativa de esta naturaleza y desconoce abiertamente la integralidad y universalidad que exigen los organismos internacionales. Las víctimas merecen que las fuerzas políticas representadas en el Congreso cerremos filas en torno a ellas - y no contra ellas - .
No hay lugar a dudas: el texto aprobado en la Cámara es regresivo con respecto al del Senado. Es más, es radicalmente distinto y, por tanto, imposible de conciliar con el de Senado. Más importante aún, desconoce la voz de casi 4.000 víctimas que escuchamos en nueve regiones del país en audiencias públicas respaldadas por Naciones Unidas. Adjunto para su consideración los comunicados de la Mesa Nacional del Encuentro de Víctimas, La Mesa de Trabajo para el proyecto de ley de reparación, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Las variaciones entre los textos de Senado y Cámara son tales que una conciliación se torna imposible. Someto a sus análisis algunas de las principales diferencias.
1. El proyecto aprobado por la Comisión Primera de la Cámara desconoce el deber de garantía del Estado. En Senado, se acordó basar la reparación en el deber del Estado de garantizar el goce de los derechos humanos. Las mayorías de la Comisión Primera de la Cámara consagraron el principio de solidaridad, una ofensa para quienes anhelan percibir en la ley un reconocimiento al derecho de reparación y no la simple distribución de una limosna.
2. El proyecto aprobado por la Comisión Primera de la Cámara es discriminatorio. El texto de Senado contemplaba que las medidas de ayuda humanitaria, de asistencia y de reparación se aplicaran a todas las víctimas por igual. No obstante, las mayorías en la Comisión Primera de Cámara decidieron que las medidas de ayuda humanitaria y de asistencia no serán aplicadas a las víctimas de agentes del Estado (asistencia funeraria y judicial y exención del servicio militar, entre otras).
3. El proyecto aprobado por la Comisión Primera de la Cámara deja en peores condiciones a las víctimas de agentes del Estado. El Senado votó para que las víctimas de agentes del Estado fueran incluidas en la reparación administrativa. Las mayorías de la Comisión Primera de la Cámara no solo las excluyeron; también les impusieron los montos del decreto 1290 para la reparación judicial. Así, las madres de Soacha deberán esperar más de 10 años para acceder a lo que las víctimas de los grupos armados ilegales obtendrán de manera expedita.
4. El proyecto de ley aprobado por la Comisión Primera de la Cámara restringe el principio de buena fe. El Senado consideró suficiente la presentación de una prueba sumaria para acreditar la condición de víctimas. La Comisión Primera de la Cámara retomó la exigencia de la prueba sumaria pero dejó en manos del Gobierno el establecimiento de “los requisitos necesarios” para ser incluido en el sistema, lo que podría resultar en cargas de prueba excesivas.
5. El proyecto aprobado por la Comisión Primera de la Cámara elimina el principio de favorabilidad. El respeto del principio pro-víctima constituye una obligación internacional; así lo reconoció el Senado. Las mayorías de la Cámara lo eliminaron con el argumento perverso de que su aplicación afectaría el erario público.
6. El proyecto aprobado por la Comisión Primera de la Cámara niega la existencia de nuevas víctimas a partir de la fecha de expedición de la ley. Para las mayorías de la Cámara, son víctimas solo quienes sufrieron menoscabo de sus derechos antes de la expedición de la ley. En Senado, prevaleció la lógica y, por eso, no se plantearon términos. Desafortunadamente, el conflicto en Colombia no cesa, y todos los días surgen víctimas a quienes se les negará su derecho a la reparación.
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7. El proyecto aprobado por la Comisión Primera de la Cámara impone plazos de registro irrealistas. Mientras que la lógica se impuso en Senado, de manera irrazonable las mayorías en la Comisión Primera de la Cámara impusieron un plazo de dos años a las víctimas para registrarse. Esta decisión desconoce las dificultades de acceso a las entidades del Estado y el miedo que prevalece en varias regiones del país.
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8. El proyecto aprobado por la comisión primera de la Cámara de Representantes establece que los únicos agentes del estado que pueden incurrir en violaciones a los derechos humanos son los miembros de la fuerza pública. Esto desconoce que hay otros agentes del estado que han participado con su acción u omisión en graves violaciones a la legislación penal, la legislación internacional sobre derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, como miembros de organismos de inteligencia, cuerpos técnicos de investigación, etc.
Como ustedes comprenderán, los cambios introducidos a nuestra iniciativa la convierten en una ley contra las víctimas y no para las víctimas, como rezaba su título original. En esas condiciones, consideramos, a todas luces, inconveniente un proyecto que no dignifica sino ofende a más de tres millones de compatriotas, como está demostrado en las distintas reacciones a lo aprobado en tercer debate.
Esta Ley carece de legitimidad al ser desaprobada en su contenido por las víctimas de las distintas regiones de Colombia que, duele decirlo, nos habían advertido de su desconfianza en el Congreso, por la comunidad internacional representada por el sistema de Naciones Unidas en Colombia, por la Procuraduría General de la Nación, por la Defensoría del Pueblo y por organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos que han hecho seguimiento al proceso.
Éste fue un proyecto de Ley construido colectivamente desde el comienzo y, por ende, nuestro compromiso con las víctimas y con todos quienes participaron en él nos obliga a pensar que es preferible insistir el año entrante en construir un nuevo consenso político que nos permita tramitar un texto que cumpla con las expectativas de sus destinatarios.
Con todo respeto, esperamos su comprensión y pedimos que se imponga la sensatez para evitar que el proyecto siga su trámite en estas condiciones.
De los Honorables Representantes.
Para mas información escribir o visitar http://www.juanfernandocristo.net/
Como ustedes comprenderán, los cambios introducidos a nuestra iniciativa la convierten en una ley contra las víctimas y no para las víctimas, como rezaba su título original. En esas condiciones, consideramos, a todas luces, inconveniente un proyecto que no dignifica sino ofende a más de tres millones de compatriotas, como está demostrado en las distintas reacciones a lo aprobado en tercer debate.
Esta Ley carece de legitimidad al ser desaprobada en su contenido por las víctimas de las distintas regiones de Colombia que, duele decirlo, nos habían advertido de su desconfianza en el Congreso, por la comunidad internacional representada por el sistema de Naciones Unidas en Colombia, por la Procuraduría General de la Nación, por la Defensoría del Pueblo y por organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos que han hecho seguimiento al proceso.
Éste fue un proyecto de Ley construido colectivamente desde el comienzo y, por ende, nuestro compromiso con las víctimas y con todos quienes participaron en él nos obliga a pensar que es preferible insistir el año entrante en construir un nuevo consenso político que nos permita tramitar un texto que cumpla con las expectativas de sus destinatarios.
Con todo respeto, esperamos su comprensión y pedimos que se imponga la sensatez para evitar que el proyecto siga su trámite en estas condiciones.
De los Honorables Representantes.
Para mas información escribir o visitar http://www.juanfernandocristo.net/
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